Síntesis plenario Carta Abierta 01-11-2008 (Relator: Gabriel Rodriguez)
Hay postales fugaces tomadas en movimiento. Frenéticas, implacables, imperantes. Mientras se baten récords de venta de automotores, las empresas planifican reducciones de personal escudándose en la crisis financiera mundial y su potencial impacto en Argentina… Al mismo tiempo en que Macri declama que los niños y jóvenes deben volver a la escuela, recorta sin debate alguno becas a estudiantes de bajos recursos, niega sistemáticamente aumentos al personal docente, mientras simultáneamente anuncia la creación de una policía con un salario inicial de $ 3.000… Un vecino de San Isidro, ingeniero, es asesinado delante de su familia por “marginales de La Cava”, la gente se moviliza pidiendo más seguridad azuzada por el intendente, el gobernador sostiene la necesidad de bajar la edad de imputabilidad a doce años, vulnerando lo establecido por la convención sobre los derechos del niño en su artículo 40.
Todas estas imágenes se proyectan sobre el marco de una crisis económica internacional que, más allá de la apariencia inicial que puede generar la rápida intervención estatal, encubre la lógica del período precedente. Es decir, el salvataje financiero de setecientos mil millones de dólares fue destinado al auxilio de las entidades financieras en problemas. Los ejecutivos responsables de tamaño desastre reportan ganancias individuales fabulosas y continúan al frente de sus firmas o son condenados a un exilio dorado donde disfrutarán sus suculentas indemnizaciones. Mientras tanto, los sectores económicamente menos favorecidos siguen pagando proporcionalmente más impuestos, sus viviendas son rematadas por hipotecas impagas, son despedidos de sus trabajos. Es decir, sin importar grados de responsabilidad, el orden neoliberal premia a sus hijos dilectos y la crisis las pagan los mismos de siempre
Frente a este collage, la primera pregunta que nos surge es ¿el Gobierno está ausente de todos estos problemas? La respuesta es negativa; se toman decisiones de peso. La cuestión de las AFJP, el posicionamiento respecto al tema seguridad muestran que el poder público no se mantiene indiferente frente a los problemas. Ahora bien, pareciera que no está dispuesto a realizar lo que la gente quiere. En el caso de las AFJP, de acuerdo al abordaje de los medios de comunicación y a la opinión de dirigentes opositores, se vulnerarían la propiedad privada y el derecho de la gente a elegir.
En cuanto a la seguridad, la cobertura de los medios refuerza los matices polémicos respecto a la capacidad de la Justicia de liberar personas, y omite la negativa a endurecer las penas.
El repaso de las noticias y las acciones del gobierno dando respuesta a los últimos acontecimientos nos debe mover a ciertas reflexiones iniciales. Aunque en apariencia aparezcan desligados, estos acontecimientos recorren una lógica común: el rol del Estado. Y se enlazan con otra cuestión fundamental: el rol de los medios en la creación/construcción de sentido común. Reconocer la interrelación de ambas cuestiones es fundamental en la batalla cultural, económica y política que se está librando en nuestro país.
En los noventa, de la mano de un gobierno perjuro, los sectores dominantes de nuestra sociedad consiguieron la victoria que venían buscando desde la década del ’70. La privatización del patrimonio estatal no fue solamente económica: se relacionó con la construcción de una sociedad escindida y segmentada, funcional al modelo económico neoliberal. Paralelamente desvincularon su suerte de la del resto de la sociedad mediante la concentración económica, territorial y la reducción del Estado a una función subsidiaria, garante en última instancia de los intereses privados, como cuando se estatizó la deuda privada en 1982 con Cavallo. Esto es, debía encargarse de aquello cuyos costos económicos y simbólicos superaban los márgenes soportables para el sector dominante. La virtud de esta maniobra residía en el siguiente artilugio: el Estado asumía las tareas que no resultaban particularmente relevantes y rentables para el bloque dominante, al mismo tiempo que su falta de capacidad económica e ineficiencia operativa para llevarlas a cabo reforzaba el dogma de fe que rezaba “estado ineficiente/privado eficiente.”
Los medios de comunicación resultaron de inestimable utilidad a la hora de consolidar este artículo de fe. No casualmente su concentración se originó en el mismo período, y la misma no se limita exclusivamente al ámbito de las
comunicaciones: los medios forman parte de grupos económicos, por lo que realizan una tarea funcional a sus intereses. La tan proclamada independencia de los medios no debe confundirse bajo ningún punto de vista con neutralidad, como intentan presentar las empresas periodísticas como si tales términos fuesen sinónimos. Así, juegan con distinto nivel de visibilidad su partido a favor de los grupos económicamente concentrados y sus valedores de la oposición, intentando condicionar a través de una presentación aparentemente imparcial de las noticias. Logran de este modo, y de un modo aparentemente menos cruento que el Gran Hermano de Orwell, el mismo resultado: que el público suspenda su ejercicio crítico y se deje llevar por una catarata de emociones que implican la pérdida de pensamiento colectivo y todo correlato con formas solidarias de organización. Promueven así que cada espectador ame, odie, llore, ría, sin importar si al otro día se inviertan estas emociones de acuerdo a las necesidades coyunturales de los oligopolios periodísticos.
Si hay algo que hemos aprendido en estos años, es que el control oligopólico de la información es una amenaza para la democracia. Pero mientras esperamos la sanción de una Ley de Radiodifusión que establezca límites a la vez que promueva una legítima variedad de fuentes de información, espacios como Carta Abierta deben servir de plataforma para recuperar la discusión de lo público.
Y en tren de discutir lo público, consideramos que existe una vinculación evidente entre los hechos aparentemente inconexos que mencionábamos en los dos primeros párrafos. El establishment, herido de muerte en su legitimidad discursiva frente a la crisis económica global, se aferra a lo único que tiene para ofrecer: miedo. Miedo a la pérdida del trabajo, miedo a la juventud como promotora de cambios en nuestra sociedad, miedo al rol activo del Estado en la gestión política. Miedo como elemento de desmovilización, de control social, en definitiva, el miedo como determinante en última instancia de la dominación política, económica, social y cultural.
Frente a esto debemos responder, desde la palabra y la construcción colectiva, que la reconstrucción de un Estado activo y eficiente arranca con la educación, la salud y la seguridad social.
Que un chico en la escuela es un marginal menos a la vez que un imputable y un policía menos. Que aumentar el salario de un maestro sale más barato que pagar el salario entero de un nuevo policía. Que la recuperación del sistema previsional estatal por parte de un gobierno que mejoró de un modo constante los haberes jubilatorios es rescatar esos fondos de la intangibilidad de hecho que tenían para los aportantes en manos de la especulación financiera, es recuperar la autonomía de las personas frente a las afiliaciones compulsivas que hoy nos presentan como el paradigma de la libertad de elegir. Es recuperar recursos del Estado que se derivaban para el sistema privado y encubrían la timba ineficiente de las AFJP, que actualmente se ve obligado a cubrir con aportes del erario público las diferencias entre lo que deben recibir los aportantes y lo pagado por estas entidades.
A partir de allí, también podemos discutir el problema de la seguridad. Esta cuestión no está desligada del conjunto de las prácticas sociales. Seguridad no es mano dura, meter bala, leyes duras, bajar edades de imputabilidad; todo esto se intentó en los últimos años, y el delito creció como consecuencia de invertir el orden de prioridades. Un Estado activo, con recursos económicos, con presencia firme en la salud, la educación y la seguridad social es su precondición. Un Estado inclusivo es la mejor barrera contra el delito; una sociedad excluyente su caldo natural de cultivo. Un Estado de todos adquiere legitimidad a la hora de impartir justicia, un estado subsidiario es proclive a estigmatizar sectores sociales excluidos. Discutir la seguridad como una variable aislada conduce no sólo al fracaso de cualquier política que se pretenda llevar adelante, sino también a nuestro quiebre como sociedad.
